“Caer” en la escuela pública.
Llegando a la segunda mitad del mes de marzo de 2017, en medio del conflicto docente y de varios gremios por mejoras en las condiciones laborales, el Presidente Mauricio Macri acompañado por el ministro de Educación Esteban Bullrich, eligió esta frase para hablar sobre los y las estudiantes que concurren a la escuela pública, según sus palabras: los que caen en la educación pública, diferenciándolos de los que eligen la escuela privada.
Ese breve discurso, MM se movió entre críticas a los docentes, a la educación pública y entre las conclusiones que dejó el operativo “Aprender”, es decir, más críticas a las escuelas públicas. Lo que el presidente no tuvo en cuenta en su discurso, es que el sistema educativo es el mismo para el ámbito público y privado, lo que no es lo mismo entre uno y otro son las condiciones en las que los y los estudiantes circulan por las instituciones, y los recursos con los que se cuenta. Este último punto depende exclusivamente de las políticas que se tomen, fundamentalmente a nivel nacional, y también en parte cada administración provincial.
Vamos a analizar qué medidas se tomaron en la agenda educativa estos últimos años en nuestro país. Se podría mencionar como el primer gran hito en el ámbito educativo a la sanción de la Ley Nacional de Educación, en el año 2006. En la misma se contaba con la tradicional Ley Federal de Educación de los 90, algunos de sus puntos más relevantes fueron: la institución de la paritaria docente, en la que se estableció que el presupuesto educativo nacional no podía ser menos del 6 % del PBI, este artículo fue acompañado con la Ley de Financiamiento Educativo, que unos cuántos años más tarde en 2017 y por decreto fue modificada y las paritarias suspendidas. Otro gran avance en materia educativa que quedó plasmado en la Ley de Educación Nacional fue el reconocimiento del trabajo de las organizaciones sociales, comunicatorias y barriales y su influencia y responsabilidad en la educación de los niños, niñas y adolescentes, las cuales más se adelante se acompañaron con otras políticas y programas que apuntaron a sostener este tipo de iniciativas, de las que Poriajhú formó parte, en la actualidad ya no existen.
En el área de Educación Popular se trabaja en estrecho vínculo con las familias y las escuelas a las que asisten los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes que participan en los espacios. A su vez, con otras veintiocho organizaciones del sur de Santa Fe, Poriajhú integró hasta el 2015 la Red de Organizaciones por el Derecho a la Educación Estudiar es tu Derecho, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, Fundación Solidaridad, Educación y Sustentabilidad (SES), Cáritas y la Fundación de Organizaciones Comunitarias (FOC). La Red de Organizaciones Sociales por el Derecho a la Educación se constituye a partir de los espacios socioeducativos que funcionan en las comunidades en la cual concurren niños, niñas, jóvenes y adultos en busca de propuestas educativas alternativas. Dichos espacios enriquecen las trayectorias escolares y amplían las experiencias de aprendizaje que trascienden las cuatro paredes del aula. Perczyk (2015) reconoce que las organizaciones comunitarias son una referencia ineludible en el proceso de ampliación de derechos sociales, la implementación de políticas públicas en el territorio y el acompañamiento de los sectores más vulnerables de la sociedad. En la actualidad integramos la CADE Campaña Argentina por el Derecho a la Educación.
Otras leyes, decretos o programas significativos que cabe destacar fueron:
- Junto a la Ley de Educación Nacional, se creó el Instituto Nacional de Formación Docente, que entre sus atribuciones, la más destacada fue implementar y planificar instancias de formación permanente y especialización gratuitas a las que podían acceder los y las docentes del país. En este marco miles de docentes pudieron acceder a postítulos y especializaciones de gran nivel académico. Lamentablemente en diciembre de 2016 se conoció la noticia a través del Boletín Oficial que se cerraba la inscripción de nuevos estudiantes al programa de postítulos para docentes, y dos años más tarde cuando la última generación de docentes culminó la formación quedaron suspendidos definitivamente, o esperemos, hasta que otro gobierno vuelva a devolver el derecho de los trabajadores de formarse de manera gratuita y a los niños, niñas y adolescentes a acceder a una educación de calidad tanto en el ámbito público como privado..
- También en 2006 La Ley de Educación Sexual integral, todavía hoy, en pugna de implementarse en todas las instituciones educativas. Además de sentar las bases de la enseñanza para una sexualidad sana, libre que respeta la diversidad, basada en los ejes de la afectividad, el cuidado de la salud y lo más importante reconociendo a la educación sexual como un derecho humano, se entregó material educativo para docentes, familias y estudiantes a todas las escuelas del país.
- En 2010 el tan celebrado Programa Conectar Igualdad, por el cual se distribuyeron 5.300.000 netbooks a docentes, estudiantes y directivos de las escuelas secundarias del país, se formaron 20.000 maestros en informática y se crearon 7.000 aulas digitales móviles. Un programa desfinanciado luego de la modificación de la Ley de Educación Nacional en 2017. En la actualidad suspendido.
- En 2014 el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos “Progresar”, que establecía que todos y todas los estudiantes que tuvieran en sus familias un ingreso mínimo o no trabajen en relación de dependencia, certificándose como alumnos regulares, podían recibir una beca. Los requisitos para recibir estas becas fueron modificados en el 2017 por el nuevo gobierno, se impusieron otras condiciones económicas y burocráticas, que generó que muchos estudiantes perdieran la posibilidad de recibirlo, además de que no se fueron actualizando año a año como había ocurrido en los años anteriores.
- La Ley de Educación Inicial, en que se regula la obligatoriedad escolar en todo el país que se extiende desde la edad de cuatro (4) años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria.
- En el período de 2006 hasta el 2015 se pueden mencionar también el programa de Jornada Extendida en las escuelas primarias, Plan de Alfabetización Inicial, Proyecto de Reorganización de las Trayectorias Escolares (de articulación con los niveles Inicial y Secundario), Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Lectura (Plan Nacional de Lectura) creado por Resolución Ministerial de 2008. La creación en 2007 de la señal Encuentro y en julio de 2010 de la señal Paka Paka , cuyos contenidos debían ser producidos por el Ministerio de Educación través de Edu.ar Sociedad del Estado.
- La AUH es una prestación monetaria no contributiva, un seguro social de carácter mensual, que se abona a desempleados, desempleadas u ocupados y ocupadas pero sin registro formal, para uno de los padres por cada menor de 18 años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de una persona con discapacidad. Entró en vigencia el 28 de octubre de 2009 por el decreto 1602/09 del Poder Ejecutivo de la Nación y desde mayo de 2011 se complementó con la asignación por embarazo para protección social que otorga a las mujeres embarazadas a partir de las 12 semanas de gestación. Este seguro permite apreciar la interdependencia e indivisibilidad de los derechos, en el derecho a la educación y a la salud de la niñez. La AUH requiere la acreditación, hasta los cuatro años de edad, del cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Desde los cinco años de edad, el cumplimiento de los controles sanitarios, del plan de vacunación obligatorio y la concurrencia obligatoria de los hijos e hijas a establecimientos educativos públicos.
Es posible sostener que la AUH revolucionó, desde su implementación, la vida de las instituciones educativas y comunitarias. La principal transformación a nivel simbólico es que modifica un imaginario respecto de la educación en la escuela secundaria, los jóvenes tienen derecho a estar allí. La AUH es una política pública, no es una dádiva. Reconoce a los hijos e hijas de trabajadores desocupados o precarizados el mismo derecho del que gozan los del conjunto de trabajadores formales a través del salario familiar.
Desde el trabajo en Poriajhú se puede dar testimonio sobre cómo a partir de la implementación de esta política pública sobrevino un cambio cuantitativo y cualitativo con respecto a la valorización de la escuela y la acreditación de los saberes.
En el período emprendido desde 2015 a la actualidad, no hubo nuevos programas, ni recursos, ni nuevas leyes en materia educativa. Sino que fueron modificados por decreto varios de los artículos de estas leyes superadoras, mencionadas anteriormente. Se puede mencionar que los cambios más significativo fueron la modificación de la Ley de Financiamiento educativo, y la Ley de Ministerios (en la cual se transformó al Ministerio de Educación en Educación y Deportes y se recortó el presupuesto de varios ministerios) por la cual delegó al presupuesto de las provincias gran parte de las responsabilidades que anterior e históricamente habían sido del gobierno nacional. Interrumpiendo, desfinanciando y suspendiendo gran parte de los programas que habían sido implementados con el fin de garantizar la inclusión y calidad educativa.
